La comunidad del Colegio Secundario n° 36 en conjunto con el grupo de Vecinxs por la Memoria de la ciudad de Del Viso darán un nuevo nombre a la institución escolar. El mismo será el de las ex-alumnas «Dominga y Felicidad Abadía Crespo». El acto designatorio del nuevo nombre se realizará el martes 19 de setiembre a las 10 de la mañana en la sede del colegio cita en la calle Juan de la Bruyere y Sara Maqueda.
Las hermanas Abadía Crespo tenían 27 y 25 años de edad cuando fueron detenidas y desaparecidas por la última Dictadura cívico-militar el 2 de noviembre de 1977.
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires resolvió imponer el nombre de las hermanas buscando mantener viva la memoria de las hermanas. Ellas eran de origen español, hijas de Rosendo Abadía. Trabajaban en la fábrica de cerámica Lozadur.
Según la denuncia de su padre, “entre la empresa y el personal se generó un conflicto por pedido de aumentos salariales. Ante esta situación el interventor (Comandante Máximo Milarck) convocó al personal, oportunidad en la que manifestó que si no deponían la actitud de trabajar a jornal para hacerlo a producción alguno iba a tener que lamentarse”. Sus hijas fueron secuestradas el 2 de noviembre de 1977 por personal militar: “Había en cada esquina de la manzana dos camiones del Ejército Argentino. En esa misma noche se llevaron 5 personas de la misma fábrica Lozadur S.A. de sus respectivos domicilios”, denunció.
En total, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, 11 obreros ceramistas de distintas fábricas fueron secuestrados y conducidos, en su mayoría, al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
En 2014, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín impuso ayer penas de prisión perpetua a Santiago Riveros y 23 años de prisión a Reynaldo Bignone en el llamado “juicio de los obreros” de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de más de 30 víctimas, entre ellas las hermanas Abadía Crespo.
El fallo condenó también a otros cuatro represores a penas de entre 9 y 17 años de prisión en el juicio por ser coautores de delitos comprendidos en cuatro causas con un total de 33 víctimas, en su gran mayoría trabajadores navales y ceramistas que actuaban como delegados de base o activistas sindicales.